La Justicia condena a Bankia a indemnizar también a cualificados

Bankia

29 ene La Justicia condena a Bankia a indemnizar también a cualificados

La sentencia abre la puerta a los grandes inversores para recuperar su dinero

“Lo relevante no es la información sobre el producto y sus características, sino sobre la situación real de la entidad emisora [en referencia a Bankia]. Y tal situación real no la puede conocer ni siquiera el inversor cualificado, no puede saber, salvo que así se acreditara, que los datos económicos y financieros publicitados por el emisor no son reales ni veraces”.

Con este argumento, plasmado en una sentencia con fecha de 22 de enero de este mismo año, el Juzgado de Primera Instancia de número 3 de Gijón declara “la nulidad de las órdenes de compras de acciones de Bankia” realizadas en el marco de la salida a Bolsa de la entidad por unos inversores “profesionales”; condena “a la demandada a reintegrar a los actores la cantidad que invirtieron en esas acciones, por un total de 999.997,50 euros con sus intereses legales desde la fecha de la ejecución de la orden de compra”; e impone “las costas procesales a la parte demandada” porque, explica, la inversión se realizó a partir de unas cuentas que posteriormente se demostraron falsas.

De esta manera, la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, va más allá de las indemnizaciones a inversores minoristas y, sumada a lo que ayer decretó el Tribunal Supremo y en caso de que este último siga el mismo criterio que este juzgado de primera instancia, abre la puerta para que los grandes inversores traten también de recuperar su inversión en la Oferta Pública de Suscripción que Bankia llevó a cabo en julio de 2011.

“La sentencia deja claro que los inversores profesionales compran acciones confiando en la información que el emisor haya publicado sobre su situación financiera, por lo que tan errónea y nula es su decisión de comprar acciones de una compañía que se presenta como solvente sin serlo como la de un inversor minorista“, explica José A. Ballesteros Garrido, abogado de la Unión de Consumidores de Asturias y representante en este proceso del matrimonio inversor. Sin embargo, también es cierto que, hasta ahora, la Audiencia Nacional ha estimado que la inversión de los inversores institucionales excede el folleto, esto es, que la decisión de comprar acciones no la tomaron, o al menos no exclusivamente, siguiendo la información que se hizo pública en el proceso de salida a Bolsa.

En todo caso, la sentencia no deja de ser significativa en un momento en el que existe una importante incertidumbre sobre si los inversores institucionales y cualificados podrán recuperar su inversión. Una señal muy importante será el modo y el vocabulario que se emplee en la redacción de la sentencia del Tribunal Supremo, ya que lo que se conoció el miércoles fue sólo la nota de prensa. Entre los inversores institucionales están Mapfre, que invirtió 280 millones de euros, Banco Santander, que compró acciones por valor de 150 millones, CaixaBank, que llegó a los 100 millones, Telefónica, con una inversión de 80 millones, o Gestamp e Iberdrola, con 80 y 60 millones, respectivamente. Además, Banco Popular y Banco Sabadell también concurrieron a la ampliación, siendo BBVA y Bankinter las únicas grandes entidades bancarias que no lo hicieron. En todos estos casos habría que dirimir si los que ya tenían una estrecha relación con Caja Madrid, como es el caso de Mapfre, sí tenían un conocimiento previo de la situación real de las cuentas y que, por lo tanto, eran conscientes de las dificultades financieras.

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